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El tribunal de juicio consideró que por más que cumplieran el resto de los requisitos, para otorgarles el pedido necesitaban el aval del Ministerio Público Fiscal, cosa que no ocurrió. Lo más probable es que ahora los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero impugnen la decisión ante la Cámara Penal de Trelew.
El jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, les imputa haber sido partícipes necesarios del fraude a la administración pública que habría protagonizado la exministra de Familia y exdiputada provincial Cecilia “Chechu” Torres Otarola.
Según alegó, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de la ONU Contra la Corrupción obliga al país a someter a juicio a quienes estén acusados de corrupción. De aceptar una suspensión de juicio a prueba, se violaría la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción.
Según el fallo, el fiscal explicó los hechos, los encuadró jurídicamente y explicó los fundamentos legales y de política criminal para pretender que el caso se ventile en un juicio y no otorgar una probation. “Su oposición fue fundada y válida”, escribieron.
Además, una instrucción del procurador general obliga a los fiscales a oponerse a la SJP para hechos de corrupción con la presunta actuación de funcionarios y particulares.
“Tal como ocurre con los delitos de violencia hacia la mujer, respecto a los delitos de corrupción, aun cuando estén acusadas personas que revisten la calidad de funcionaria o empleada pública, Argentina suscribió convenios con la comunidad internacional que la obligan a prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos”, agrega la decisión.
El tribunal sumó la jurisprudencia sentada por la Cámara Penal de Trelew: no puede haber probation para funcionarios públicos ni particulares que hayan sido sindicados como partícipes en casos de corrupción.
“Existe un interés público en llevar a juicio oral y público este tipo de hechos por su gravedad y la necesidad de su publicidad para que mediante un justo juicio se dé una respuesta jurisdiccional al pueblo”, dijeron los jueces.
“El pueblo de Chubut tiene el derecho a conocer lo que sucedió y su representante en la Audiencia también lo considera necesario, porque es en este momento cuando debe hacerse efectiva la publicidad”.