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Pablo Marcelo Otero, el denominado Zar del Tabaco, acumuló una nueva denuncia en la Justicia penal por cohecho, asociación ilícita, aprobación indebida de tributos y lavado de dinero. La presentación la hicieron dos diputados de la Coalición Cívica y cayó en el juzgado número seis de Comodoro Py, que subroga Ariel Lijo. Involucra también a ex funcionarios de la AFIP como Carlos Castagneto y Daniel Reposo.
Otero es el titular de Tabacalera Sarandí, la firma que evadió el impuesto mínimo a los cigarrillos desde 2018 y a la que la Corte, con un duro fallo el mes pasado, obligó a pagar una deuda que asciende a más de US$ 1.000 millones. Según la denuncia de Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, Otero pagó coimas a funcionarios de la AFIP en la gestión kirchnerista con el objetivo de que no se le ejecutara lo que debía y pudiera seguir incumpliendo el pago del arancel mínimo establecido por ley.
En la denuncia que ya tiene Lijo se plantea «la posible perpetuación de hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del Código Procesal Penal», por lo que los legisladores «venimos a formular denuncia penal a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de Cohecho (art. 256 bis y 258 SS y CC del C.P.N.), facturación apócrifa, y subfacturación (art. 2 de la Ley 24.769 – Ley Penal tributaria-); Apropiación indebida de Tributos (art.6 Ley 24.769), Asociación ilícita (art 210 del C.P.) y de lavado de activos (art. 303 del C.P.N.)
Campagnoli y López denuncian la existencia de «maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dádivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos».
Aseguran, en esa línea, que «dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha» y detallan que «a su vez, el pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión». También sostienen que «Otero habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desaparezca un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado múltiples ilicitudes».
El entramado de evasión de Otero
En la denuncia se describe lo comentado en múltiples notas periodísticas de Clarín y otros medios. Los legisladores dicen que «nos encontramos frente a una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrado en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales».
Y detallan: «Las medidas cautelares obtenidas fueron logradas de forma cuestionable, sin embargo, en el año 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la AFIP a que ejecute el cobro de las millonarias sumas que Sarandí adeudaba a dicho organismo por haberse acogido a las cautelares logradas en su favor»
Y prosigue, explicando el proceso judicial. «En mayo del año pasado la Corte dejó sin efecto la cautelar del fuero en lo contencioso administrativo que le permitía a Sarandí no pagar el tributo y, así, habilitó a la AFIP a cobrárselo»
Finalmente, completan que «desde entonces, no obstante, el ente recaudador no aplicó el gravamen ni tampoco se presentó a reclamar el pago de esa deuda». Los apuntados en la denuncia son tres ex funcionarios de AFIP: su titular durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto; el subdirector general de fiscalización Daniel Reposo (ex candidato del kirchnerismo a la Procuración) y el subdirector de operaciones impositivas, Ezequiel Lebed. También se denuncia al comandante de Gendarmería Javier La Palma y al oficial de la Policía Federal Roberto Modia, quienes habrían intervenido en el pago de dádivas, según la presentación.
Cómo fue la estrategia judicial de Otero
Como relató Clarín en notas periodísticas anteriores, durante estos años, Otero consiguió evitar el pago de impuestos con una agresiva estrategia judicial que consistió en presentar cautelares en los tribunales. Su argumento era que el impuesto mínimo al tabaco era expropiatorio e inconstitucional.
Tabacalera Sarandí sostuvo en la Justicia que era una pequeña Pyme y que el monto de ese tributo -que es fijo- le impedía competir en el mercado ya que sus productos eran más baratos que los de las primeras marcas. El impuesto mínimo es del 70% del precio de cada atado y se fija sobre un valor que se actualiza cuatro veces al año.
Con un gran poder de lobby y contactos en la política y los tribunales, consiguió renovar las cautelares, evitar pagar el impuesto mínimo y se convirtió en un jugador fuerte del mercado. Según un informe de la consultora Abeceb, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023. En los hechos, con esa porción de mercado, la compañía ya no podría ser considerada una pyme. El propio Otero sostuvo que factura 800 millones de dólares al año.
Los más de US$ 1.000 millones que adeuda Tabacalera Sarandí a la AFIP ya están registrados en el organismo. A ese número se llegó tras varias fiscalizaciones del ente recaudador que pese a estar impedido de cobrar el impuesto mínimo al tabaco por las cautelares judiciales, puede ir generando un registro de la deuda.
Con el fallo de la Corte y ya sin trabas judiciales, el proceso para cobrarle los impuestos a Tabacalera Sarandí es automático. Dentro de todas las empresas tabacaleras funciona un sistema de trazabilidad digital que supervisa cuántos paquetes de cigarrillos se producen. Otero se resistía a que le apliquen ese sistema, pero hace 15 días la AFIP terminó de instalarlo pese a las negativas. Con los datos que brinda la trazabilidad se cobran los impuestos. Hoy el tributo mínimo al tabaco es de $1.201,95 por cada atado y se actualiza cuatro veces al año. Ese era el tributo que Otero no pagaba.